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Cuando los legisladores no representan a la gente, y son empleados del partido

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18 de julio de 2017 a las 05:05

El sistema político uruguayo incluye principios jamás intentados. Un ejemplo es el caso de los delitos o acusaciones de delitos cometidos por jerarcas del gobierno, que son juzgados por su propio partido y eventualmente por alguna comisión multipartidaria, donde esos temas se negocian como si se tratara de la construcción de una ruta, no de una posible irregularidad grave. Tal vez, en algún momento, cuando ya se hayan esfumado y confundido muchas pruebas y haya pasado suficiente tiempo, se llega a la Justicia, con suerte.

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Este concepto de ser juzgado por el partido, aceptado de buen grado por expertos en ese misterioso sistema de gobierno que llaman poliarquía –y pareciera que también por la ciudadanía– es una clara reminiscencia del partido único soviético. Un método que sería válido para un tribunal de conducta de un club de golf o de tenis, pero no para una República. Como tantas barbaridades que se suelen deglutir los pueblos, no sorprende escuchar por doquier que se trata de un concepto avanzado de participación ciudadana, una vacuna contra el fascismo y la arbitrariedad.

Para repasar, en países no tan avanzados en la concepción política, pero insospechables de fascismo o arbitrariedad, el método que se usa para investigar los delitos de los funcionarios es la Justicia. Las comisiones investigadoras cumplen un rol político casi simbólico y cuando quisieron remplazar a la Justicia han caído justamente en actitudes de fascismo, intolerancia e hipocresía colectiva. El macartismo es apenas un caso.

Se argüirá que se trata de una tradición, una secuela de la costumbre de “arreglar todo entre amigos, hablando”, como suele explicarse cual si se citase a Platón. Pero para no caer en el error de la benevolencia ante tales prácticas antirrepublicanas, habrá que incorporar al análisis la reciente decisión del conglomerado del Frente Amplio de legislar para que las bancas sean de propiedad del partido.

Lo que venía siendo una cuestión más o menos de hecho, ahora se blanquea. El marxismo obsoleto aflora y sale del clóset para exhibirse sin pudor: los legisladores no representan a la gente, son empleados del partido y representan al partido. Se trata evidentemente de una modernización sui generis de todos los principios de la democracia. Lástima que el resultado final de esta creación no se denomine democracia en ninguna parte, salvo en China, Cuba y Venezuela.

Atemorizado por la posibilidad de nuevas deserciones en el barco que escora, el Frente Amplio intenta evitarlas con un parche hegemónico. Ya hoy los jerarcas del Ejecutivo rinden cuentas al partido o los partidos de la alianza izquierdista. Es obvio que legisladores que puedan pensar diferente resultan una molestia que de algún modo hay que evitar.

En tren de aplicar ideas renovadoras, tal vez resultase más directo y seguramente más barato, que en vez de legisladores se adjudicasen ballots o bolillas a cada partido, como ancestralmente. De ese modo, el partido o alianza que tuviera más bolitas podría legislar con gran celeridad y eficiencia de acuerdo a su conveniencia, sin riesgo alguno de que alguno de sus diputados decidiera pensar por su cuenta, o simplemente pensar.

Este avance de los partidos sobre los derechos de la ciudadanía no es nuevo ni exclusivo de Uruguay. Las ventajas de entidades o corporaciones que se posicionan como intermediarios entre el pueblo y la democracia son de una evidente conveniencia. Y a veces rentables. De paso, empuja al pensamiento único que tanto se opone a la libertad. El pensamiento del partido. El partido-gobierno-Estado.

El partido suele ser la cueva de la corrupción en todos los sistemas en que ella se hace presente. Brasil ha dado recientemente una acabada muestra de la cantidad de fondos que se recaudan teóricamente para el partido o para la política, como suelen decir, para no confesar la condición de ladrones. Y no es una exclusividad del área del Mercosur, como se lee en las noticias en otros idiomas.

Si en Argentina a alguien se le ocurriese decir que los diputados deben elegirse por distrito aun cuando representen a partidos, sería insultado (sic) por todo el arco político y la prensa complaciente. Desde fascista a ignorante, pasando por elitista y dictador o negador de la democracia. Nadie explicará exactamente las razones de esos acápites, pero por supuesto, en boca de tantos expertos, sabios políticos y notorios prohombres, las afirmaciones lucen incontrastables.

Los representantes norteamericanos están acostumbrados a que su partido los presione para votar en cierto sentido. Y también a recibir miles de emails y whatsapps de su constituency, o sea de los electores de su distrito, que los conocen y saben dónde y cómo viven, diciéndoles que si votan como quiere el partido son cadáveres políticos. En esa puja gana la gente. Siempre.

Ni Argentina, ni Brasil antes de Moro, ni Paraguay ni Uruguay toleraría un sistema similar al americano. Obvio. La corporación política, salvando los estilos y las costumbres, tiende a ser monopólica y monolítica. Y algunas cosas más. En 1994, Raúl Alfonsín, a quien el votante le confió la democracia, no solo cede vergonzosamente un pacto de alternancia presidencial a Carlos Menem, sino que, tras establecer un sistema de balotaje tramposo y antimayoritario, entroniza a los partidos en la Constitución Nacional, que nunca antes los había ni siquiera mencionado.

A partir de allí se fueron aprobando leyes bajo todos los gobiernos, quitándoles cada vez más derechos a los ciudadanos. La ley de las PASO, impulsado por motivos espurios por Cristina Fernández y luego modificada por otra ley para adecuarla más a sus necesidades, fue seguida por otras leyes que impidieron la creación de nuevos partidos, transformaron en monopolios a los existentes y alejaron cualquier posibilidad de participación de independientes.

Como una especie de golpe final, las leyes argentinas obligan a la boleta en papel para cada partido, con lo que el robo de boletas siempre beneficia a los partidos mayoritarios, en especial a los que tienen más caudillos distritales, léase malevos y patoteros. Si alguien disputara estas aseveraciones, y dijera que la ley prevé las pautas para crear nuevos partidos, habrá que compulsar a quienes han tratado de hacerlo para comprobar el nivel de cinismo del sistema.

Esta avanzada y expeditiva idea frenteamplista de que las bancas pertenezcan legalmente a los partidos –hasta ahora forzada ilegalmente por las apelaciones a la lealtad y las acusaciones de traición al no devolver el favor de haber sido incluidos en las boletas– es de tal modernidad y aberración conceptual que seguramente será copiada por los socios mercosurianos, al menos.

Además de escamotear la República, la izquierda posmarxistauruguaya va ahora por la democracia.

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